Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío sobre la violencia en la macrozona sur: “El gobierno no puede conocer bien lo que está pasando a 600 kilómetros, se requiere que esté aquí”

La violencia en la macrozona sur del país ha llegado a sus niveles más altos esta semana. El martes, Segundo Catril, trabajador forestal mapuche, se sumó a la lista de víctimas fatales, tras recibir un disparo en la cabeza en Lumaco, Región de la Araucanía.

Ese mismo día, en la provincia de Arauco, Región del Biobío, unos 70 individuos cortaron la Ruta P-40 y atacaron con armas de fuego a Carabineros, que custodiaba un fundo de la forestal Arauco, en Quidico.

“Hoy si se cae un poste o se cortan ciertos cables, no hay sistemas alternativos para llegar”.
“Cualquier inversión que iba a existir en esta zona, está emigrando”

En entrevista con Diario Financiero, el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío (CPC Biobío), Álvaro Ananías, sostuvo que desde la capital no se dimensiona la gravedad y los niveles de violencia que azotan a la región.

“El gobierno no puede conocer bien lo que está pasando a 600 kilómetros de distancia, se requiere que las autoridades estén aquí”, dijo.

-¿Cuál es el diagnóstico que tiene del problema de fondo?

-Es un tema complejo, no solo de este gobierno. Dicho eso, sí creo que este gobierno no lo está tomando con la intensidad debida. Buscó dialogar, entendiendo que gran parte del conflicto obedecía a demandas del pueblo mapuche. Pero más de 50 personas sacando a Carabineros a punta de balazos no obedece a la causa mapuche.

Es importante tomar conciencia que hay dos cosas absolutamente distintas que no se enfrentan igual. Están las demandas razonables e invisibilizadas de los pueblos indígenas, pero eso no tiene nada que ver con organizaciones que quieren mantener su propio territorio para actividades ilegales, como robo de madera y narcotráfico.

El trabajador que falleció era mapuche, eso te da una respuesta súper dura de que lo que pasó no tiene nada que ver con su causa.

-¿Cómo lo vive la industria de la región?

-Cerca de Quidico hay una zona costera que, además de forestales, tenía un tema turístico. Toda esa actividad económica de hoteles y restaurantes está destruida.

Hay sostenedores de colegios que se les echan a perder máquinas y nadie va a repararlas. Tienen que subirse a sus vehículos, salir de la provincia a arreglarlas y volver. Algunos proveedores de servicios de internet y comunicaciones no pueden entrar.

-¿Hay zonas incomunicadas?

-Absolutamente. Hoy si se cae un poste o se cortan ciertos cables, no hay sistemas alternativos para llegar. La provincia de Arauco es la más damnificada, pero ya tenemos ataques en la del Biobío, en la zona de Los Ángeles. Todos los minimarkets y tiendas que usan máquinas para transacciones con tarjeta de crédito, sin internet no pueden vender.

-¿Qué les transmiten los trabajadores?

-Se sienten totalmente abandonados por el Estado. Hay muchas críticas al sector forestal, pero tiene el 60% del PIB de la región y cerca de 400 mil trabajadores, la gente vive de eso. Deben haber garantías para que la gente pueda circular a su trabajo, son puntos básicos.

-¿Los ataques directos son solo contra esa industria?

-Se le ataca porque de ahí sale el dinero, roban máquinas y madera, es el pensamiento económico de esto. Son bandas que no tienen nada que ver con los pueblos indígenas. La gente que atacó a los trabajadores en Lumaco, disparó a las cabezas. Si eso no es terrorismo, qué podría serlo.

Líneas de acción

-¿Servirá el actual estado de excepción?

-No va a dar el ancho, porque no ataca el origen del problema: ver qué se hace con la madera robada, quién la compra, de dónde salen las armas. No basta con contener el efecto final, hay que ir al origen. Ayer (el martes), Carabineros le pidió a Arauco que blindara la oficina, porque de otra manera no podían ir. Es casi vergonzoso que tengan que pedir esto a la empresa por no tener los recursos.

-¿Las empresas han cambiado sus planes de inversión?

-De Arauco al sur, todas están tomando medidas, pero lo peor es que las que alguna vez pensaron operar ahí, no lo harán. Es una zona donde cualquier inversión que iba a existir, está emigrando. Los grandes actores, CMPC y Arauco, no son los que más sufren. Las PYME no pueden sostenerlo, porque en tres semanas sin clientes se acaba el negocio. Si los proveedores y contratistas forestales pudieran parar de trabajar, pararían, pero no pueden. Fuera de Arauco y CMPC, la inversión no mueve la aguja.

-¿Qué acciones concretas esperan del gobierno?

-Yo esperaría un estado de excepción completo y no acotado. Segundo, un mayor respaldo hacia las Fuerzas Armadas, que están tomando el control. Tres, la entrega de recursos a Carabineros para que dispongan de material para repeler los ataques. Y cuatro, una unidad de inteligencia realmente potente.

-¿Se requiere una solución a largo plazo?

-Mientras haya violencia permanente, nadie va a hacer nada en la zona por mucho que se quieran inyectar recursos, porque hay un riesgo vital. Después sería pertinente un plan de reactivación económica, pero sin reponer el Estado de Derecho no puedes tomar ninguna medida.